Un principio básico de la democracia es la participación, en la medida que se ejerce, se construye ciudadanía y para construirla se espera que la escuela genere los espacios dentro y fuera del aula de clase para que los niños, niñas y jóvenes como vivencia hacia la democracia y la participación. Dada la importancia de la formación en la participación y la construcción de la democracia (planteado en la Ley 115, Decreto 1860 y Estándares de Competencias Ciudadanas), se hace necesario indagar por la responsabilidad de la escuela y la de los educadores en la construcción de sociedades más justas y participativas; una manera concreta es preguntarnos cómo se ha venido construyendo los espacios de participación como mecanismo formal, en contextos urbanos y rurales para el sector educativo.

La educación para la democracia implica el empoderamiento de todos los individuos para participar activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida política y social. De acuerdo con este planteamiento, y la importancia que devela la participación democrática y activa de los estudiantes en la vida escolar, como estancia internacional que centra su labor en el trabajo por la niñez, define que el gobierno escolar es el máximo organismo de participación de los estudiantes y las responsabilidades que deben asumir en él: “El gobierno escolar es una estrategia curricular que promueve el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes por medio de actividades vivenciales. Forma actitudes y valores cívicos, democráticos y actividades positivas para la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua. Los capacita para la toma de decisiones responsables y los forma para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos”.

La década de los 90 trajo consigo grandes transformaciones frente al concepto de participación en Colombia. Con la consagración de la Constitución Política de 1991, la participación es considerada como el derecho que todo ciudadano colombiano tiene para incidir en las decisiones públicas a partir de la interacción con otros, de la construcción de acuerdos, del diálogo con argumentos sobre un tema, donde se reflexione y se actúe para hacer respetar y valer sus derechos y los derechos de los demás. En contraste con lo expuesto, antes de la Constitución de 1991 la participación estaba limitaba a que el ciudadano diera su voto y posteriormente los representantes se encargaban de gobernar, de tomar decisiones, siendo un asunto de políticos mas no de la ciudadanía, convirtiéndose sólo en una mera representación política. Con este preámbulo, es importante hacer una revisión del concepto de participación y posteriormente explorar qué ha pasado en el país y sobre todo en la Institución Educativa frente al tema.

Con relación a lo anterior y de acuerdo a Oraisón y Pérez (2006) se identifican tres dimensiones básicas de la participación: 1) El ser parte: búsqueda referida a la identidad, a la pertenencia de los sujetos. 2) El tener parte: referida a la conciencia de los propios deberes y derechos, de las pérdidas y ganancias que están en juego, de lo que se obtiene o no. 3) El tomar parte: referida al logro de la realización de acciones concretas. (Oraisón y Pérez, 2006, p. 45)

Es por eso que en un estado democrático, la participación se convierte en un derecho fundamental, en un componente básico de la acción que busca la equidad de los ciudadanos. En otras palabras, la participación es una herramienta que incorpora las voces de los ciudadanos para tomar decisiones. Colombia a través de la Constitución Política le apuesta a que la participación vaya más allá de la mera representación, un ejemplo de ello es que incorpora 380 artículos en la Constitución desde el ámbito social y político, donde se evidencia una gran riqueza de espacios y de posibilidades de participación; pero a pesar de eso, hay una gran distancia entre el deber ser y lo que se hace. Por ejemplo, se cree que con sólo expedir las normas donde se establecen los espacios, tiempos y mecanismos de participación ya se está garantizando un sistema democrático y participativo; pero lo que evidencia la acción es que no se hace un seguimiento a la norma, al grado de participación o no participación de los ciudadanos. La Constitución Política de 1991 proyectó su espíritu democrático y participativo en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994); la cual define las normas para el sistema educativo, desde el preescolar, la básica primaria y la secundaria, para niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Esta Ley reglamenta un estilo de educación democrática y participativa, basada en valores, donde toda la comunidad educativa (padres de familia, docentes, administrativos, estudiantes, empresa privada) participan y son responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Para entender el tema van ha visualizar la presentación de power point, guía y el taller

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PARTICIPACION CIUDADANA

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