Actualizar Secuencia Didactica: 5102

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La década de los 90 trajo consigo grandes transformaciones frente al concepto de participación en Colombia. Con la consagración de la Constitución Política de 1991, la participación es considerada como el derecho que todo ciudadano colombiano tiene para incidir en las decisiones públicas a partir de la interacción con otros, de la construcción de acuerdos, del diálogo con argumentos sobre un tema, donde se reflexione y se actúe para hacer respetar y valer sus derechos y los derechos de los demás. En contraste con lo expuesto, antes de la Constitución de 1991 la participación estaba limitaba a que el ciudadano diera su voto y posteriormente los representantes se encargaban de gobernar, de tomar decisiones, siendo un asunto de políticos mas no de la ciudadanía, convirtiéndose sólo en una mera representación política. Con este preámbulo, es importante hacer una revisión del concepto de participación y posteriormente explorar qué ha pasado en el país y sobre todo en la Institución Educativa frente al tema. Con relación a lo anterior y de acuerdo a Oraisón y Pérez (2006) se identifican tres dimensiones básicas de la participación: 1) El ser parte: búsqueda referida a la identidad, a la pertenencia de los sujetos. 2) El tener parte: referida a la conciencia de los propios deberes y derechos, de las pérdidas y ganancias que están en juego, de lo que se obtiene o no. 3) El tomar parte: referida al logro de la realización de acciones concretas. (Oraisón y Pérez, 2006, p. 45) Es por eso que en un estado democrático, la participación se convierte en un derecho fundamental, en un componente básico de la acción que busca la equidad de los ciudadanos. En otras palabras, la participación es una herramienta que incorpora las voces de los ciudadanos para tomar decisiones. Colombia a través de la Constitución Política le apuesta a que la participación vaya más allá de la mera representación, un ejemplo de ello es que incorpora 380 artículos en la Constitución desde el ámbito social y político, donde se evidencia una gran riqueza de espacios y de posibilidades de participación; pero a pesar de eso, hay una gran distancia entre el deber ser y lo que se hace. Por ejemplo, se cree que con sólo expedir las normas donde se establecen los espacios, tiempos y mecanismos de participación ya se está garantizando un sistema democrático y participativo; pero lo que evidencia la acción es que no se hace un seguimiento a la norma, al grado de participación o no participación de los ciudadanos. La Constitución Política de 1991 proyectó su espíritu democrático y participativo en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994); la cual define las normas para el sistema educativo, desde el preescolar, la básica primaria y la secundaria, para niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Esta Ley reglamenta un estilo de educación democrática y participativa, basada en valores, donde toda la comunidad educativa (padres de familia, docentes, administrativos, estudiantes, empresa privada) participan y son responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje.

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