La participación de los ciudadanos es un componente central para la construcción de una democracia más dinámica, en parte porque el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas depende tanto de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos como de una ciudadanía alerta y activa

Naturalmente, el concepto de sociedad civil nos incluye a todos los ciudadanos, independientemente del sector al que pertenezcamos: empresa privada, trabajadores, universidad, academia, intelectuales, medios de comunicación, ONG, etc. Todos, sin excepción, tenemos un importante rol que jugar. Sea que se trate de avanzar en cualesquiera de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o en algún otro imperativo de nuestro país –combate a la corrupción, inseguridad, regionalización, reforma política o reconstrucción–, es evidente que una activa participación ciudadana ayudaría a resolverlos eficaz y eficientemente.

La sociedad civil –es decir, nosotros– no tenemos cómo eludir nuestra responsabilidad en la solución de estos temas, salvo que queramos hipotecar el futuro del país. Además, somos nosotros –las personas– quienes, como ciudadanos, consumidores, trabajadores, inversionistas, etc., constituimos el factor más importante de incidencia, transformación y desarrollo en la vida de nuestra nación. No hay, pues, manera de autoexcluirnos, menos ahora que somos más interdependientes y que cada vez estamos más interconectados, lo cual hace que todo lo que ocurre a nuestro alrededor –sea por acción u omisión– nos afecte.

Por eso, si como país queremos resolver nuestros desafíos políticos, sociales y económicos, debemos considerar los puntos de vista de quienes somos los directamente afectados, lo cual requiere participar.

La democracia es una forma de organización de grupos de personas para la toma de decisiones, en la que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados.
La democracia participativa no niega la delegación y la representatividad de los políticos, simplemente los considera insuficientes. Por lo tanto, propone que se establezca una interacción permanente, entre las instituciones formales y las asociaciones sociales, etc.
La actuación ciudadana es el motor de los procesos de cambio, la democracia participativa toma cada vez más fuerza y se manifiesta por medio de referendos, en donde los representantes le consultan a la ciudadanía sobre temas trascendentales.

Esto supone que la sociedad ha asumido un nuevo papel, que hombres y mujeres están haciendo uso de sus derechos y obligaciones sociales, fiscalizando, evaluando y guiando las acciones del gobierno.
La participación organizada del ciudadano en la construcción de acuerdos, debe asegurar la vigencia del estado de derecho, de las instituciones públicas y del contrato social, en virtud de los principios de igualdad, equidad y justicia.
Está claro que la participación organizada no puede ser ajena a la memoria histórica de nuestra sociedad. Debe tener una articulación constante con el pasado que asegure la autocrítica, que propicie hacer un balance global del estado social de la nación, que tomada en cuenta, sea la voz consensual de nuestro destino.
Los próximos gobiernos tienen el reto de abrir mayores espacios de participación ciudadana, en donde no serán aceptados los individualismos protagónicos, sino solamente los liderazgos compartidos, ya que lo que está en juego son las bases estructurales en las que se asienta el sistema.
A todas luces, estos espacios de participación ciudadana tienen el objetivo de detener el derrumbe en la escala de valores y principios, y rescatar los pilares perdidos en los que se construyeron las bases sociales de la nación.
Desde hace dos siglos se habla de democracia representativa, la cual ha sido mediatizada a través de los partidos políticos, que a su vez han dejado de ser la expresión genuina de todos y cada uno de los sectores que conforman el inagotable abanico de la sociedad.
En las últimas décadas hemos vivido una crisis de credibilidad y un alto grado de abstencionismo político, porque las instituciones democráticas y los políticos se encuentran en un proceso de deslegitimación que ha llevado a los ciudadanos a desinteresarse de los asuntos públicos.
Finalmente, las funciones de transformación social, movilización, participación y legitimación que eran propias de los políticos y la democracia representativa, se fueron agotando trayendo consigo una crisis de gobernabilidad por falta de relevo generacional en sus estructuras.

Para entender la tema se va ha emplear herramientas como videos, presentaciones de power point , las guias con sus respectivos talleres.

Videos

LA CIUDADANIA

LA SOCIEDAD CIVIL

LA CIUDADANIA Y LA SOCIEDAD CIVIL

Presentación en Power Point

Concepto de Ciudadanía

Sociedad Civil

Por un lado, en la medida en que el ciudadano, dada su condición intrínseca de ser social, que le es inherente como parte de su naturaleza humana, pertenece a una sociedad, el espacio propio en el cual ejerce el ciudadano tal condición a través de la práctica de la ciudadanía es la sociedad civil. El término «civil», que significa «perteneciente a la ciudad» es, además, lo opuesto a «militar» y por tanto, inseparable del «civilismo», entendido como el predominio del elemento civil en el gobierno del Estado, en contraposición con el «militarismo», concepto del que tradicionalmente es antagonista.

Por otro lado, en la medida en que la sociedad civil es un producto histórico, su origen se confunde con el inicio de la edad moderna, cuando, al disolverse los lazos de lealtad y pertenencia a un feudo y desarticularse la estratificación jerárquico-funcional característica de la edad media, emergen elementos extraños a la sociedad feudal: productores, comerciantes, banqueros, burguesía y ciudades. Ellos constituirán esa sociedad civil, que buscó romper las ataduras jerárquicas y autoritarias del orden feudal, liberarse de la auctoritas tradicional, ganar autonomía y constituir su propia forma de gobierno. Es de este modo como surge el Estado.

Por consiguiente, éste último fue un producto histórico, cuya transformación, desde las ciudades-Estado renacentistas hacia las monarquías absolutistas de la época barroca, pasando por su reestructuración en el siglo XVIII con el aporte del movimiento de la Ilustración, y su restauración absolutista y tradicional mediante la Santa Alianza en el primer tercio del siglo XIX, hasta llegar a su concepción plenamente moderna como Estado industrial y burocrático según la definición de Max Weber, modificó igualmente las características de la sociedad civil.

Significa, pues, que la sociedad civil es la fuente originaria del Estado moderno y que la disminución de su existencia real o su falta de autonomía, en cuanto sociedad civil, «es la característica central de los sistemas totalitarios». En efecto, es preciso separar la esfera propia de la sociedad civil y del Estado porque, a causa de la complejidad de las interrelaciones que la sociedad civil, a partir de su carácter de originante de las instituciones, entre las cuales el Estado, establece con éste, y el tipo de vinculaciones históricamente cambiantes entre ambos, hace que sean indisociables pero, a la vez, diferentes.

Sin embargo, se fue desdibujando la presencia de la sociedad civil, según Tomassini, siguiendo a Weber, como consecuencia de haber sido ésta crecientemente controlada y disminuida, desde fines del siglo XIX, «por la línea de producción industrial predominante, la empresa capitalista y la burocracia del Estado». Tal tendencia se acentuó a lo largo del siglo XX, creemos, con Silvia Mijares, debido, además, a que «la sociedad civil perdió toda su acometividad al ser sustituida por los partidos políticos». Pero su presencia ahora comienza otra vez a perfilarse con fuerza, precisamente cuando entran en crisis tanto el modelo de Estado paternalista, asistencialista e interventor, como el papel hegemónico de los partidos políticos tradicionales en la conducción de la sociedad y de su proceso de modernización a través de la centralización estatal y de las estructuras clientelares del estado como una de las principales instituciones de participación política.

Frente a la crisis de los partidos hegemónicos y su desprestigio creciente, frente a las relaciones tradicionales entre sociedad y Estado, o la indiferencia o disminución o pasividad de la sociedad ante el Estado, se requiere al contrario cada vez más de una mayor y más activa participación de la sociedad civil. ¿Cuál ha de ser el papel, cada vez más participativo, de esa sociedad civil? diferencia de todas aquellas interpretaciones que tienden a confundir el resurgimiento de la sociedad civil como una alternativa válida a la crisis del modelo socio-político populista en el caso de los países de América Latina, con la identificación de una opción individualista y la reinstauración de una concepción «competitiva y productiva» de la sociedad civil en cuanto base social para la modernización y el desarrollo de la democracia delineados según un modelo neo-liberal, tal como lo subraya Silvia Mijares, el significado de sociedad civil es inseparable de «la tradición de principios morales, el respeto a las libertades públicas y a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, como factores indispensables para el logro de la libertad y la igualdad».

El concepto de ciudadanía, enmarcado dentro del conjunto de leyes que recoge una constitución o carta magna para definir las relaciones entre los individuos, la sociedad y el Estado, éste último, entendido a su vez como principal instrumento de representación u órgano del poder ciudadano y al servicio de éste, constituye el eje del concepto de participación dentro de la concepción actual de democracia. Ahora bien, la ciudadanía, como se definió en la democracia liberal y representativa decimonónica, era una condición restringida a ciertos seres humanos, de acuerdo con un marco legal que establecía los límites de dicha condición ciudadana.

Con la aparición de las sociedades de masa, cesa la concepción «censitaria» de la ciudadanía. Ésta no expresará más lo que, con las palabras de Maurice Duverger, constituía «La democracia sin el pueblo» sino que el pueblo se transforma en el conjunto de los ciudadanos. Todo ser humano, por el sólo hecho de serlo, alcanza la condición de ciudadano. La ciudadanía resulta entonces ser un derecho humano inalienable, como el derecho a la vida, o el derecho a ser considerados todos los individuos como libres e iguales. Pero el ejercicio de la ciudadanía, en el marco de un régimen representativo y liberal, había estado reducido a la práctica del sufragio, incluso universal, y fundamentalmente, a la libertad de expresión.

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX, las reivindicaciones y luchas sociales transformadoras del statu quo han intensificado las tendencias políticas que favorecen una concepción de la democracia basada en la participación. La ciudadanía no consiste simplemente en el derecho a crítica sino en la participación, en cuanto posibilidad de verse asociado a la elaboración de las decisiones.

Como destacara Duverger al referirse al movimiento francés de mayo de 1968 en el libro antes mencionado, cuando se habla de libertad, hoy, no se piensa solamente en la posibilidad de resistir, de rechazar, de oponerse; se trata también de cogestión, de autodeterminación, de participación. Así, el Estado se transforma en vaso comunicante de las demandas sociales, económicas, políticas y culturales, esto es, reales y simbólicas, a fin de asegurar una convivencia social civilizada, y la ciudadanía se convierte en expresión clave de una activa participación social y política de los distintos actores.

Desde este punto de vista, el ejercicio de la ciudadanía conlleva también el surgimiento de nuevos actores y su incorporación efectiva a las estructuras de poder, así como su integración en los procesos de tomas de decisión que determinan la dinámica del sistema. Esta nueva perspectiva de comprensión del concepto de ciudadanía implica, además, su necesaria conexión con el ejercicio de un gobierno delimitado de igual modo por una institucionalidad constitucional, e inserto en un ámbito legal.

Esto significa que las acciones políticas, ya sea las de los ciudadanos, los sectores privados, ya sea las de los funcionarios de gobierno, integrantes del poder público, están subordinadas a la ley, dentro de un Estado de Derecho.

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