Actualizar Secuencia Didactica: 12776

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Propósito

Motivación

<p><iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/uScpfSOS4GM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p><p style="text-align: center;"><img src="/web/uploads/15112022/633/fe0709bab6-protestar.png" width="358" height="210" style="width: 358px; height: 210px;"></p><p style="text-align: justify;" rel="text-align: justify;">“Cómo se deben resolver los desacuerdos en una sociedad democrática, pluralista y participativa? A través de un tercero. El juez. Quien debes ser independiente y autónomo de las partes en conflicto. Colombia se ha desangrado por cuenta de las múltiples violencias durante 50 años, por cuenta de no haber comprendido que los desacuerdos son con naturales a una sociedad pluralista. Hoy, de nuevo la justicia está en el centro del debate político.La pregunta es, ¿cómo conservar y fortalecer y fortalecer la independencia judicial como un derecho fundamental de los ciudadanos? La única justificación para reformar la justicia es fortalecerla, hacerla mas independiente, más cercana a los colombianos, pues es el juez quién tiene como misión emblemática desatar los desacuerdos de manera pacifica y civilizada. Hoy nos convoca el reto de buscar las reformas que requiere la rama judicial para garantizar su independencia y autonomía, para que todas las personas sigan creyendo y militando por sus derechos. ASOJUDICIALES luchará y convocara a seguir por la senda de la concertación, porque sin jueces independientes, no hay derechos”.<br></p>

Explicación

<p style="text-align: justify;">La participación ciudadana es en sí misma una aspiración de la política democrática que no queda a salvo en los procedimientos formales de la democracia representativa; tampoco queda a salvo en el contexto de la sociedad plural o sociedad civil organizada, con su inevitable carga de desigualdad política y socioeconómica de los actores en escena y la habitual exclusión de los ciudadanos no organizados. Ni la democracia representativa ni la sociedad plural dejan a salvo el principio democrático citado al principio: una decisión tiene mayores posibilidades de tratar con justicia a los afectados cuando estos participan en ella. Desde luego, la democracia representativa y también la sociedad plural son logros históricos de la mayor trascendencia, pero la participación ciudadana vista desde la perspectiva democrática no puede ajustarse a sus procedimientos y modelos, demasiado estrechos para permitir al conjunto de los ciudadanos participar de manera directa en los asuntos públicos. Para lograr esto, es necesaria una oferta de mecanismos de democracia participativa que sea incluyente, deliberativa, equitativa, efectiva y transparente, como dicen Díaz y Ortiz. Semejante oferta puede contribuir a llevar a la práctica el citado principio democrático, por ejemplo (pero no solamente), en asuntos públicos de proximidad: el destino de los recursos municipales o decisiones sobre obras y servicios públicos, seguridad, salud, educación, transporte, medio ambiente. La democracia participativa es posible, como demuestran las experiencias citadas en el texto, pero requiere de un cuidadoso diseño institucional, de reglas y procedimientos claros, de una resuelta voluntad política y de un entorno social favorable. Cuando estas condiciones no están presentes, el resultado más probable es el estancamiento o el fracaso de las experiencias participativas, como ilustran Díaz y Ortiz con el caso mexicano. El carácter deliberativo de las instancias de participación democrática es especialmente importante. La deliberación difiere de la negociación estratégica en que las partes tratan de maximizar el logro de sus intereses con base en el poder que tienen, y también del voto agregado o la simple mayoría numérica. La deliberación permite que los ciudadanos extiendan su visión más allá de los intereses inmediatos y particulares y tomen en cuenta los intereses de los demás en la búsqueda de respuestas aceptables para todos, como se espera que ocurra también en la democracia representativa. Vista como un objetivo de política pública, la democracia participativa obliga a promover la más amplia participación de la base social. Los mecanismos de participación que no tomen en cuenta las profundas diferencias sociales y económicas en el seno de la sociedad pueden verse afectados por intensos sesgos participativos con el riesgo de premiar los intereses y las opiniones de los ciudadanos o los grupos con más recursos para participar. Si hablamos de democracia y no sólo de participación ciudadana en sentido pluralista, se revelan como indispensables políticas diferenciales de promoción de la participación para incrementar la presencia de los individuos y grupos sociales más desfavorecidos en los procesos de gobierno. <o:p></o:p></p>

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