Actualizar Secuencia Didactica: 10143

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OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA EN COLOMBIAEl conflicto colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. Superar este proceso pasa por preguntarnos por los contextos en que el conflicto surgió, por los motivos de sus cambios a través de la historia y por las razones de su prolongada permanencia; hecho que convierte a Colombia en el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo.ParamilitarismoSon grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la lEY 48 DE 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. En la década de los ochenta, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación del paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín. En los años noventa se creó el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que unió a diversos grupos paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de desmovilización emprendido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) impulsada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en los cuales participaban cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al proceso de desmovilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o bandas criminales. Fuerzas de seguridad Las Fuerzas de seguridad comprenden las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas) y la Policía Nacional. Estos organismos iniciaron la lucha contra de los grupos insurgentes con la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional que tenía como objetivo la erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de cuerpos de seguridad antiterroristas y de asistencia para el desarrollo. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han pasado por un proceso de reestructuración y modernización a través de programas como el Plan Colombia que ha contado con el apoyo de Estados Unidos y que ha tenido como objetivo reafirmar el Estado de Derecho y acotar la red de narcotráfico y tráfico de armas que alimenta la violencia guerrillera y de otras organizaciones armadas. Sin embargo, según el informe de Human Rights Watch de 2015, hasta julio de 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ha investigado más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por 785 miembros del Ejército (soldados de bajo rango y suboficiales) entre 2002 y 2008. Narcotráfico En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de coca del planeta. Según Rafael Pardo en su libro "La historia de las guerras", entre 1975 y 1995 la estructura del negocio era sencilla. Bolivia y Perú producían el 90 por ciento de la hoja de coca y de la pasta y base de coca, ésta se transportaba en pequeños aviones a las selvas colombianas donde se refinaban el 90 por ciento de la cocaína del mundo, la cual se vendía a Estados Unidos. Esta estructura se volvió más compleja cuando los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras. Sin embargo, en el momento en que en Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con el área cultivada, Colombia pasó a controlar también el cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las hectáreas de cultivo, lo que provocó que su capacidad militar también se incrementara y pasó a controlar 150 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca localizados en dos millones de hectáreas de selva en el sur del país. La participación de las FARC-EP en el narcotráfico tiene que ver con el proceso de producción de este narcótico. La guerrilla se financia del cobro por seguridad a los cultivos ilícitos, del impuesto a laboratorios ("impuesto de gramaje") y del uso de pistas clandestinas. Por lo tanto, en medio del conflicto armado, el narcotráfico ha servido como medio de financiación tanto para las guerrillas como para las autodefensas. El crimen organizado Las redesde criminalidadse dedican mayoritariamente altráfico de drogas y de armas. En los años setenta y ochenta, los cárteles de droga se concentraron principalmente en las ciudades, siendo los más conocidos el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Estos dos fueron desmantelados durante los años noventa después de haber sido el blanco de extensivas intervenciones por la policía colombiana. El cártel de Medellín fue desmantelado y el de Cali encarcelado, lo que constituyó un logro para las autoridades. No obstante, según el reporte "Cuatro décadas de Guerra contra las drogas ilícitas: un balance costo-beneficio" del Ministerio de Relaciones Exteriores, se registró un aumento considerable del cultivo de coca después de este periodo. Tras la desaparición de los cárteles nuevas agrupaciones han surgido y se ha observado un desplazamiento de las actividades de éstas hacia Centroamérica y México. Los cárteles de crimen organizado mantienen nexos con los paramilitares y con las guerrillas. Aunque las drogas no eran propiamente un factor de guerra, lo fueron cuando los involucrados en el narcotráfico decidieron retar al Estado para cambiar sus leyes, en particular, el tratado de extradición con los Estados Unidos. Víctimas El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013 señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública (Centro de Memoria Histótica, 2013). En la misma línea, el anuario de procesos de paz 2015 de la Escuela de Cultura de Paz apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92 por ciento. Un 37 por ciento de los secuestros fueron atribuidos a las FARC-EP y un 30 por ciento al ELN. El anuario reporta que según el Uppsala Conflict Data Programme (UCDP) se registra un mínimo de 1.000 muertos anuales relacionados con el combate (Escuela de Cultura de Paz, 2015). Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. Las comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas, entre otros, representan un papel crucial en las demandas ciudadanas, desde 1998 (el año en el que se creó el Consejo Nacional de Paz) aportan en el diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares y al gobierno. En cuanto al número de personas desplazadas el informe ¡Basta Ya! reporta 5,7 millones de víctimas entre 1985 y 2012 (Centro de Memoria Histótica, 2013). En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de millones de acres a personas desplazadas y la recompensa financiera para víctimas de violaciones de los derechos humanos. Según el informe de Human Rights Watch, este proceso está ralentizado por los grupos sucesores de los paramilitares, quienes continúan creciendo, cometiendo atrocidades generalizadas y manteniendo extensos vínculos con los miembros de las fuerzas de seguridad pública y los grupos políticos locales (Human Rights Watch, 2015).

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